La semana pasada, el gobierno brasileño estableció un grupo de burócratas cuya misión es estudiar las cifras de deforestación y quema realizadas por el INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), el Instituto Nacional de Estudios Espaciales. Esta Sala Consultiva Temática va a “revisar los datos” y determinar qué áreas fueron deforestadas legal e ilegalmente, según una resolución que fue publicada el jueves 2 de junio en el Diario Oficial de la Unión.
La nueva cámara tendrá representantes de cinco ministerios: Medio Ambiente, Agricultura, Defensa, Economía y Justicia. El Ministerio de Ciencia, que está vinculado al INPE, no participó. En efecto, la medida excluyó al instituto, responsable desde la década de 1980 de calcular la tasa oficial de deforestación amazónica, del proceso que va a determinar los datos sobre deforestación ilegal que el gobierno considere válidos. Esta legislación ambiental prevé casos en los que un propietario puede deforestar sus tierras. En las propiedades rurales ubicadas en la Amazonía, los productores están obligados por ley a dejar en pie el 80% de la selva (en la práctica, la mayoría de las propiedades se enmarcan en excepciones a esta regla, según encuesta encargada por piauí).
La posibilidad de una deforestación legal es a veces utilizada como cortina de humo para relativizar los muy negativos indicadores obtenidos en el gobierno de Jair Bolsonaro. La tasa de deforestación ya estaba creciendo bajo el gobierno de Dilma Rousseff y Michel Temer, pero bajo Bolsonaro alcanzó un nivel no visto desde 2006: el año pasado se cortaron y/o quemado hasta los cimientos.
Pero la deforestación legal constituye solo una fracción muy pequeña del área arrasada, como dejó en claro una encuesta realizada por MapBiomas, una red de organizaciones de la sociedad civil, universidades y empresas de tecnología. Esta iniciativa cruza los datos de deforestación legalmente autorizada y los registros de multas y divulga los resultados en internet. El ingeniero forestal Tasso Azevedo, coordinador de MapBiomas, dijo que solo del 1% al 2% del área talada en la Amazonía ha sido autorizada legalmente.
“Brasil tiene un sistema de monitoreo sofisticado, a cargo del INPE, y tecnología que puede diferenciar las actividades legales de las ilegales cuando se trata de deforestación”, según Suely Araújo, expresidenta del IBAMA [Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables], quien actúa como consultor sénior de políticas públicas del Observatorio Atmosférico. Junto con MapBiomas, citó a Sinaflor, un sistema operado por el IBAMA desde 2018. “El gobierno de Bolsonaro debe respetar el conocimiento técnico existente en el país y dejar que las instituciones ambientales hagan su trabajo”.
La creación de una cámara (de desinformación) para revisar las cifras de deforestación levantó las sospechas de los ambientalistas de que puede ser utilizada para maquillar datos sobre deforestación que el gobierno considera negativos. Este no es el primer intento del gobierno contra el INPE. En 2019, Bolsonaro dijo que las cifras de deforestación eran mentiras y que el instituto actuaba “al servicio de alguna ONG”, en un episodio que terminó con su exigencia a su ministro de Ciencia y Tecnología, Marcos Pontes, de la cabeza del físico Ricardo Galvão, exdirector del INPE. El presidente dejó en claro que le gustaría ver los números antes de que se publiquen. “No quiero que me atrapen con los pantalones bajados”, dijo.
El informático Gilberto Câmara, exdirector del INPE, dice estar preocupado por la creación de la nueva cámara pero cree que el carácter técnico del trabajo del INPE lo protegerá de los ataques del gobierno. “Para manipular los datos se necesita un mínimo de competencia”, declaró el científico. “Los órganos estatales cuya acción depende de la competencia tecnológica son más resistentes a las intervenciones de un gobierno populista que aquellos cuya acción no depende tanto de la calificación de los equipos”.
El grupo que va a revisar los datos de deforestación es realmente la reformulación de una cámara instituida en la resolución de diciembre de 2021. Se alteró su objetivo y su composición: entraron los ministerios de Economía y Justicia, y el INPE y el Instituto Chico Mendes para la Conservación de Biodiversidad (ICMBio), partieron las dos autoridades independientes responsables del control ambiental. “Se sacaron de la discusión los ejes de la lucha contra los delitos ambientales”, dijo el abogado Fábio Ishisaki, coordinador jurídico de Política Interior, iniciativa que monitorea las políticas públicas ambientales. “No tiene sentido decir que vas a reevaluar los datos sobre la deforestación y excluir a los organismos ambientales de la comisión”, agregó Tasso Azevedo.
Piauí cuestionó al Ministerio del Medio Ambiente (MMA) sobre lo que significó la “revisión de los datos sobre deforestación y quemas”. También preguntamos por qué el INPES, el IBAMA y el ICMBio no están representados en la cámara recién constituida. El ministro respondió con una nota que no aclaró ninguna de estas preguntas y no respondió a nuestra solicitud de más información. Aquí está la totalidad de la nota de MMA:
“El Ministerio del Ambiente aclara que la Resolución #11 del 25 de marzo de 2022 toma en cuenta la revisión de datos ya entregados y publicados por el INPE, por lo que la Sala Consultiva está integrada por órganos que poseen otras bases de datos: CENSIPAM (Ministerio de Defensa ), Policía Federal (Ministerio de Justicia y Seguridad Pública), INCRA y SFB (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento) y la Secretaría de Control Digital (Ministerio de Economía). Cabe aclarar que la composición de la Cámara Consultiva Temática fue aprobada por un órgano colegiado instituido por Decreto N° 10.142 del 28 de noviembre de 2019.”
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