La nueva constitución de Chile dará reconocimiento oficial a los pueblos indígenas dentro de sus fronteras, convirtiéndolo en el tercer país plurinacional de América del Sur, después de Ecuador y Bolivia. Es parte de las amplias reformas del presidente Gabriel Boric Font, cuya amplia coalición de partidos de izquierda, incluido el Partido Comunista de Chile, llegó al poder el 19 de noviembre de 2021, derrocando al presidente Sebastián Piñera, un multimillonario conservador.
La nueva carta sustituirá a la constitución de 1980 de la dictadura de Pinochet. Si se permite que fructifique, algunos especulan que el nuevo gobierno podría incluso allanar el camino para una segunda revolución en América del Sur, después de la revolución boliviana de 1952.
El 4 de julio de 2022, Elisa Loncón sostuvo ante la prensa internacional el borrador final de la propuesta constitucional, durante su presentación en el Congreso Nacional en Santiago. Loncón es mapuche, la nación indígena chilena más grande. Fue elegida la primera presidenta de la asamblea constitucional de Chile, el organismo encargado de redactar la nueva constitución con la asistencia del proyecto de la Oficina Regional de Derechos Humanos para América del Sur de la ONU, Chile: Derechos humanos en el centro de la nueva Constitución.
“Nunca antes se había invitado a las comunidades indígenas de Chile a ayudar a redactar una nueva constitución”, dijo Loncón. Solía mantener a su familia vendiendo verduras en un mercado local y luego se convirtió en lingüista y profesora en la Universidad de Santiago, habiendo obtenido dos doctorados.
“Por primera vez en nuestra historia”, agregó Loncón, “chilenos de todos los ámbitos de la vida y de todas las facciones políticas están participando en un diálogo democrático”.
La nueva constitución es una de las más largas del mundo, con 388 artículos. En comparación con la constitución restrictiva de la era de Pinochet, es amplia y consagra en la ley una serie de derechos sociales, incluido el derecho a la libertad de expresión, el aborto, el aire y el agua limpios y un servicio nacional de salud financiado con fondos públicos.
Para abordar las desigualdades históricas y proteger a los grupos minoritarios, la constitución protegerá los valores plurinacionales, interculturales y ecológicos del Chile moderno. Estas naciones están representadas por siete mapuches, dos aymaras y un representante de cada etnia restante: diaguita, quechua, atacameño, colla, yagan, kawesqar, chango y rapa nui (isla de pascua).
La nueva constitución fue aprobada con 106 votos, aceptando la restitución de tierras como un mecanismo de reparación preferencial, lo que fue celebrado por los 17 constituyentes que ocupan puestos reservados para los pueblos indígenas en la Convención.
“Los pueblos indígenas tienen derechos sobre los recursos que tradicionalmente han usado u ocupado”, dijo Rosa Catrileo, “que se encuentran en sus territorios y son esenciales para su existencia colectiva. Hoy la Convención Constitucional abre el camino para la solución de conflictos históricos relacionados con el despojo que han sufrido los pueblos indígenas”. Catrileo es mapuche.
La constitución de la era de Pinochet y el Decreto Ley 2568, promulgado en 1979, establece que luego de que la tierra fuera medida y dividida, sus habitantes ya no serían clasificados como indígenas. Esta legislación golpeó duramente a los mapuche, ya que el gobierno intentó negar su existencia, disminuyendo cualquier sentido de identidad y comunidad. Estas políticas brutales estaban destinadas a anular cualquier intento de reclamar los derechos territoriales indígenas.
La Escuela de Economía de Chicago usó a Chile como un experimento masivo para infligir el neoliberalismo sobre la economía chilena y su gente. El neoliberalismo está consagrado en la constitución de 1980, en la que la “moral del mercado”, el libre mercado y la propiedad privada se definen como derechos humanos. Esto fue fundamental para que el gobierno de Pinochet reprivatizara los activos de propiedad chilena y extranjera que el gobierno de Allende había nacionalizado entre 1970 y 1973.
El desastre social provocado por el neoliberalismo generó un tsunami de protestas populares en octubre de 2019 conocido como el estallido social. Las protestas revelaron la indignación tras años de injusticia social, la falta de dignidad hacia los pueblos indígenas de Chile y las profundas desigualdades económicas y sociales del país. En 2021, millones de chilenos llenaron las calles y plazas públicas del país para exigir un cambio. Un año después de que comenzaran las protestas, los chilenos votaron abrumadoramente a favor de redactar una nueva constitución.
En mayo de 2022, la Convención Constitucional aprobó disposiciones relacionadas con el derecho de los pueblos indígenas a sus territorios y recursos. El proceso constitucional resulta de un amplio acuerdo nacional entre los partidos políticos de Chile para acabar con la desigualdad y los malos servicios públicos. Muchos chilenos culpan a la vieja constitución por la creación de uno de los países más desiguales del mundo. Condujo a actos de violencia en el sur del país, donde empresas forestales y agrícolas ocupan, sin permiso indígena, territorios que los pueblos indígenas han habitado durante siglos. Los intrusos se encontraron con ataques incendiarios contra maquinaria y propiedades, tiroteos fatales y huelgas de hambre por parte de los presos indígenas.
La nueva constitución de Chile reemplazará el sistema económico centrado en el libre mercado del período de Pinochet (1973-1990). La democracia ambiental y la gestión consultiva de los recursos con los pueblos indígenas ocupan una parte importante de esta constitución, al igual que la minería, que es fundamental para la dependencia económica chilena de la exportación de recursos naturales.
El nuevo gobierno ya inició la nacionalización de las minas de cobre y litio más grandes del país. Chile es el mayor productor de cobre del mundo y cuenta con dos importantes minas de litio. El “Triángulo de Litio” lo constituyen Chile, Bolivia y Argentina. Con 8,6 millones de toneladas, las reservas de litio de Chile son las más grandes del mundo, seguidas por Australia. La extracción de litio tiene un costo ambiental ya que el proceso de refinación requiere un uso intensivo de agua. Entre 2000 y 2015, la minería de litio en el desierto de Atacama agotó en gran medida el nivel freático local.
En 2021 Chile produjo 5,6 millones de toneladas de cobre, casi el 25% del total mundial. El gobierno está a punto de gastar US$70 mil millones en nuevos proyectos mineros, una vez que haya nacionalizado los recursos minerales de la nación. Un nuevo proyecto de ley de regalías mineras aumentará las tarifas a las empresas en función de las ventas brutas y la rentabilidad. FTI Consulting informa en sus Derechos Mineros, las Elecciones y la Constitución en Chile (2022) que las tasas impositivas aumentarán hasta en un ochenta por ciento y, en consecuencia, los márgenes de ganancia se reducirán en más del 50%, a los precios actuales del cobre.
“Chile se convertiría en la nación con mayor carga tributaria sobre la minería del cobre, lo que obligaría a las empresas a revisar la viabilidad de sus inversiones actuales y futuras”. Estos son los mismos argumentos utilizados por la CIA en la década de 1970 para desacreditar al gobierno de Allende, lo que condujo al infame golpe del 11 de septiembre de 1973.
El experimento del neoliberalismo, introducido bajo Pinochet, ha sido un fracaso masivo en Chile, como lo demuestra la creciente concentración de la riqueza en unas pocas familias y el creciente nivel de pobreza y falta de vivienda, como lo demuestra el aumento en el tamaño de los barrios marginales. La propiedad privada como derecho humano no tuvo un impacto positivo durante Pinochet, ni durante el período democrático que siguió.
Fracasó en mejorar los derechos humanos, considerados peores que deprimentes por las organizaciones internacionales de derechos humanos, lo que resultó en el fracaso masivo de la justicia social y el aumento de la pobreza. Tampoco atrajo IED (Inversiones Extranjeras Directas) después de sus privatizaciones generalizadas. La economía siguió fallando. Incluso después del final de la dictadura, los niveles de desempleo aumentaron. Las Empresas del Estado habrían producido mayor riqueza para el pueblo chileno y habrían tenido un mejor impacto en la sociedad chilena que privatizándolas.
El Índice Internacional de Derechos de Propiedad es una medida creada para ofrecer una visión integral del estado internacional de los derechos de propiedad. En 2021, Chile ocupó el puesto 31, el más alto de América Latina, en comparación con el Reino Unido en quince, Australia en once y Estados Unidos en seis. A pesar de que el país exhibe algunas de las medidas más grandes de profundidad del mercado financiero entre las economías de mercados emergentes, Chile aún sufría importantes problemas sociales y políticos.
Si bien el crecimiento económico había repuntado al 5,5% con un PIB de 252.900 millones de dólares, la pobreza aumentó del 8,1% al 12,2%, con más del 30% de la población económicamente vulnerable, sufriendo las consecuencias de la alta desigualdad de ingresos. Esto culminó en meses de disturbios sociales generalizados, enfrentados con una represión salvaje por parte de Carabineros (policía), que dispararon a las personas en la cara, dejándolas ciegas, o dispararon escopetas a las piernas de los periodistas, dejándolos lisiados. Esta técnica de control de multitudes les fue enseñada por los israelíes.
Bajo tales dificultades sociales, en las elecciones de 2021, Boric ganó el 56% de los votos, en comparación con el 44% de su oponente conservador, José Antonio Kast. Boric era un líder estudiantil en la capital chilena, Santiago, que se manifestó contra el sistema educativo privatizado del país y lideró una amplia coalición que incluía al Partido Comunista de Chile.
El 4 de septiembre, los chilenos participarán en un referéndum para aprobar la nueva constitución. Queda por ver si el Departamento de Estado de EE. UU. y la CIA interferirán en el referéndum y apoyarán a la extrema derecha como lo hicieron antes del golpe violento contra Allende, con sus campos de concentración y fosas comunes.
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