La victoria de Bernardo Arévalo en la primera vuelta de las elecciones presidenciales el 25 de junio sorprendió a los guatemaltecos, al igual que el surgimiento de su partido político Semilla. Los obstáculos diseñados por fuerzas políticas establecidas amenazaron su candidatura en la segunda ronda de votación, el 20 de agosto, y ahora pueden impedirle asumir el cargo, el 14 de enero de 2024.
Arévalo y el Partido Semilla buscan eliminar la corrupción de la política guatemalteca. Ellos y otros se oponen al “Pacto de los Corruptos”, individuos con asociaciones criminales que durante décadas, dicen, han ocupado todos los niveles de gobierno, nacional y local.
Son “ex militares… empresarios sofisticados, funcionarios judiciales, legisladores, alcaldes, comunicadores, banqueros y profesionales liberales, los facilitadores de acuerdos comerciales por valor de millones”.
Desde poco después de la victoria de Arévalo en la primera vuelta hasta ahora, sus agentes en el gobierno del presidente saliente Alejandro Giammattei han denunciado fraude electoral. El fiscal general, un par de fiscales y algunos jueces de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Constitucional han obligado al Tribunal Supremo Electoral a tomar medidas que impedirían que Arévalo llegue a la presidencia.
Decretó que se confiscarían las urnas y que el Partido Semilla dejaría de calificar como partido político. Anuló la elección de diputados al Congreso. Giammattei ha rechazado demandas generalizadas de que la fiscal general Consuelo Porras, los fiscales infractores y un par de jueces sean destituidos.
Otra sorpresa estaba en camino. El 2 de octubre estalló una huelga nacional de los pueblos indígenas. Para un comentarista, esto representó “el descubrimiento de un país olvidado y marginado, que no existía en el imaginario nacional… [y] venía de las provincias, donde el Partido Semilla , de origen básicamente urbano y de clase media, no existía”.
Las sentadas y los bloqueos de carreteras se extendieron por todo el país, alcanzando un máximo de 130 o más. Hasta el 60% del comercio de Guatemala se detuvo. Cerraron escuelas, universidades y algunas oficinas del gobierno local. Las demandas eran: No más corrupción, destituir al fiscal general Porras y Arévalo asumirá la presidencia el 14 de enero.
Los líderes indígenas denominados los “48 Cantones de Totonicapán” habían convocado la huelga. Ellos y los funcionarios indígenas de todo el país estaban a cargo. La clase dirigente de Guatemala, de ascendencia europea, había otorgado autoridad administrativa a los “48 cantones” en el siglo XIX. Ahora, de alguna manera, parecen marcar el rumbo para las autoridades indígenas en los municipios de todo el país.
Los informes noticiosos citan a las “Autoridades Indígenas Ancestrales” como representantes de la participación indígena en la política guatemalteca. El Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, formulado en 1995, lo había permitido. Fue parte del Acuerdo de Paz que puso fin a décadas de conflicto armado durante el cual murieron unas 200.000 personas, la mayoría de ellas indígenas.
Los partidarios de la huelga actual organizaron una manifestación en la Ciudad de Guatemala el 20 de octubre para conmemorar el 79º aniversario de la “Revolución de Octubre” de Guatemala. Ese día de 1944, una “junta revolucionaria” de tres personas reemplazó la larga dictadura de Jorge Ubico. En 1945 los votantes eligieron presidente a Juan José Arévalo, padre de Bernardo, y Guatemala experimentó la llamada “Primavera Democrática”, que terminó en 1954 gracias a un golpe de estado instigado por la CIA.
Bernardo Arévalo habló en el mitin del 20 de octubre.
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