(Claridad) — Durante los pasados veinte años los patronos han promovido una agenda neoliberal dirigida a recortar o eliminar los derechos laborales de la clase obrera en el país. Como fieles representantes de la clase patronal, gobiernos penepés y populares han presentado y aprobado legislación para favorecer a los sectores que financian sus campañas. La nueva “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, recientemente aprobada al amparo de los requerimientos de la Junta de Control Fiscal, es la más reciente de una serie de leyes encaminadas a socavar uno de los derechos más importantes para los trabajadores: el derecho a negociar sus salarios y condiciones de trabajo.
Para entender el significado de esta nueva ley debemos ubicarla en su contexto económico y político. Sólo así podremos, no sólo entender su naturaleza, sino desarrollar estrategias adecuadas para combatirla.
La ofensiva neoliberal
El neoliberalismo es una política económica que critica la intervención del estado en la economía y glorifica el libre mercado como la solución de todos los problemas de un país. Para los neoliberales, todo es una mercancía: todo se compra y se vende. Para ellos los servicios sociales como la educación y la salud no deben estar en manos del gobierno, sino en manos de la empresa privada porque es más “eficiente”. ¿Y si alguien no puede comprar el servicio? Pues, mala suerte…
La visión neoliberal glorifica el mercado y la competencia como los instrumentos idóneos del desarrollo económico. Por eso los patronos promueven la competencia entre diversos sectores, a sabiendas de que sólo los más fuertes sobrevivirán. Ejemplo de esto es la competencia desigual entre las “megatiendas” y las tiendas locales que culminó en la reciente derogación de la Ley de Cierre. También promueven la competencia entre los trabajadores dentro de la empresa, dentro de un mismo país y entre los trabajadores de diferentes países. De esta manera pretenden mantener a los trabajadores divididos para que no puedan enfrentar las políticas neoliberales.
Parte esencial de las políticas neoliberales es la privatización, o sea, trasladar a la empresa privada las funciones que desarrolla el estado. Por eso hablan de “reinventar” el gobierno para hacerlo más pequeño, mientras que las funciones realizadas por el gobierno pasan a la empresa privada que supuestamente es más “productiva”. Naturalmente, esta visión descansa sobre una definición marcadamente antiobrera de lo que significa “productividad”: producir más al menor costo posible. O lo que es igual: sacarle aún más el jugo a los trabajadores. No es de sorprender que la privatización de los servicios públicos figure de manera prominente en las propuestas de la Junta de Control Fiscal.
Otro aspecto de las políticas neoliberales es la mal llamada “Reforma Laboral”. Los neoliberales desean poder organizar el trabajo a su antojo. En un momento quieren que se trabaje 24 horas al día los 7 días de la semana, y en otro cerrar las operaciones temporera o permanentemente según convenga a sus intereses. Así mismo quieren tener la más completa libertad para cambiar turnos u horarios de trabajo a su antojo, según sus necesidades. Desean que un trabajador haga el trabajo de dos o tres pero pagándole el mismo salario mientras pretenden aumentar el ritmo del trabajo. Todas estas medidas están dirigidas a abaratar el costo de la fuerza de trabajo para aumentar las ganancias.
Los neoliberales detestan las uniones ya que, para ellos, afectan el “libre mercado” para la compra de la fuerza de trabajo. Los patronos desean tener la más completa libertad para contratar trabajadores al precio más bajo posible, y pagar la menor cantidad de beneficios marginales. Por esta razón los patronos y sus bufetes desarrollan campañas anti-sindicales para tratar de convencer a los trabajadores que las uniones son obsoletas. “Las uniones son unos dinosaurios” claman al unísono los voceros neoliberales mientras defienden un sistema que lleva a la pobreza a la mayor parte de la población.
Crisis fiscal y contrarreforma laboral
Como sabemos, las pasadas administraciones de gobierno en Puerto Rico no sólo han abonado a la crisis fiscal del estado sino también han utilizado la misma para adelantar la ofensiva neoliberal. De hecho la crisis fiscal provee la justificación perfecta para adelantar de manera acelerada las políticas neoliberales. Justificando su accionar con la crisis fiscal y las exigencias de la Junta de Control Fiscal, el gobierno actual ha aprobado varias leyes dirigidas a abaratar el costo de la fuerza de trabajo, tanto en el sector privado como el público, imponiendo así una verdadera “contrarreforma laboral”:
La “Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral” se aprobó para reformar los contratos laborales en el sector privado, aumentando los períodos probatorios, estableciendo un período de trabajo en exceso de 8 horas sin el pago de horas extras, aumentando la cantidad de horas para cualificar para el bono de navidad (cuya cuantía se redujo) y reduciendo sustancialmente la licencia de vacaciones. La ley también facilita el despido y reduce las compensaciones por despido injustificado.
La “Ley para Atender la Crisis Económica, Fiscal y Presupuestaria” se aprobó para extender en las agencias de gobierno y corporaciones públicas las disposiciones anti-obreras inauguradas por la Ley 7 de Fortuño y repetidas en la Ley 66 de García Padilla. La ley deja sin efecto cláusulas económicas de los convenios colectivos y prohíbe los aumentos de salario u otros beneficios económicos hasta el año 2021.
La “Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico” mejor conocida por la ley del “Empleador Único” estableció el concepto de “movilidad” para trasladar empleados de las agencias del gobierno a otras agencias, a corporaciones públicas, a municipios y a las Alianzas Público Privadas. De igual manera redujo la acumulación de licencias por vacaciones y enfermedad en las agencias de gobierno.
En pasados días el gobierno aprobó la “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal” con el objetivo reiterado de debilitar los convenios colectivos en el sector público, tanto en las agencias como en las corporaciones públicas. La referida ley reduce la acumulación de las licencias por vacaciones y enfermedad, elimina la liquidación en efectivo del exceso de dichas licencias, establece un bono de navidad máximo de $600 y establece el “destaque” de los empleados públicos a otras agencias, corporaciones públicas y municipios. La ley anula toda disposición de convenio sobre beneficios marginales y prohíbe negociar los mismos por encima de lo dispuesto en la ley para los 26,500 empleados de las corporaciones públicas y los 101 mil empleados de las agencias de la Rama Ejecutiva.
Todas estas leyes tienen dos cosas en común. En primer lugar están dirigidas a abaratar el costo de la fuerza de trabajo en el sector privado y en el gobierno. En segundo lugar, establecen un “estado de excepción” legal, que tiene sus orígenes en una disposición de la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico.
Las diecinueve secciones de la Carta de Derechos fueron redactadas para proteger los derechos fundamentales del Pueblo. Aquí quedaron consignados los derechos a la vida y a la libertad así como la protección a la dignidad del ser humano. De igual manera se garantiza la libertad de expresión, asociación, la igualdad ante la ley y el derecho al sufragio. La libertad al culto religioso y el derecho a la educación y la libertad de prensa se encuentran en esta parte de la Constitución. Así mismo queda consignado el derecho de los trabajadores a organizarse sindicalmente y a negociar colectivamente.
Sin embargo, de un tiempo para acá los gobiernos han echado mano de la última oración de la última sección de la Carta de Derechos para menoscabar los derechos del pueblo. Dicha sección dice lo siguiente: “Sección 19. La enumeración de derechos que antecede no se entenderá en forma restrictiva ni supone la exclusión de otros derechos pertenecientes al pueblo en una democracia, y no mencionados específicamente. Tampoco se entenderá como restrictiva de la facultad de la Asamblea Legislativa para aprobar leyes en protección de la vida, la salud y el bienestar del pueblo.”
Los gobiernos del PNP y del PPD han convertido en costumbre declarar una “emergencia” para luego atacar y recortar los derechos de los trabajadores, tanto del sector público como privado supuestamente para proteger “la vida, la salud y el bienestar del pueblo”. Así pasó con la Ley 7 de 2009, la Ley 66 de 2014, la Ley 3 de 2017 y ahora se justificó lo mismo con esta nueva ley.
La declaración de una “emergencia” para eliminar derechos fundamentales del pueblo es el manto legal de todo golpe de estado. Si por vía de excepción, y mediante la aprobación de una ley, se pueden anular parte de los derechos del pueblo que garantiza la Constitución… ¿Cuándo se anularán otros derechos? ¿Cuándo se anulará el derecho a la libre expresión y asociación? ¿Cuándo se anulará el derecho a la fianza?
Toda esta situación debe llevar a la clase obrera a una sola conclusión: los gobiernos patronales nos arrebatan mediante legislación los derechos que hemos conquistado mediante la negociación. Por eso los trabajadores tenemos la necesidad, o más bien la obligación, de trascender el estrecho marco de la negociación colectiva para abrazar la acción política como método fundamental de lucha. Porque a final de cuentas, sólo un gobierno del pueblo trabajador podrá salvar al pueblo trabajador.
Claridad
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