El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) entraron a los hogares de familias de inmigrantes sin órdenes de registro, sin el consentimiento de los residentes y sin causa probable – en violación a la Cuarta Enmienda de la Constitución estadounidense – solamente para detener y deportar familias, principalmente mujeres y niños, según una demanda radicada por la Southern Poverty Law Center (SPLC) y el bufete de abogados Barnwell Whaley Patterson & Helms (Barnwell Whaley).
La demanda judicial detalla cómo los agentes de ICE violaron los derechos civiles de familias en Atlanta al entrar en sus hogares de manera fraudulenta. La demanda se enfoca en las redadas de ICE que realizaron en Georgia en enero del 2016. Desde que asumió el cargo, la Administración de Trump ha incrementado los esfuerzos de ICE, y ha reportado un aumento de un 42 por ciento en arrestos (111,000 personas) entre el 20 de enero y el 30 de septiembre de este año, según datos publicados recientemente.
“Los agentes de ICE abusaron de estas familias vulnerables al utilizar el temor y las mentiras para entrar a sus hogares indebidamente – sin causa – y detener personas que estaban presentes en los Estados Unidos legalmente,” afirmó Lisa Graybill, la subdirectora legal para la SPLC. “La seguridad en el hogar y el derecho de vivir libre de registros e incautaciones ilegales están entre los los valores más fundamentales en este país, y a los agentes del orden público de todos los niveles se les requiere proteger nuestros derechos constitucionales. El método de que ‘se vale todo’ de los agentes de ICE en estas redadas arrasaron con el debido procedimiento de ley, dividieron familias, y para nada lograron mejorar la seguridad nacional.”
En uno de los casos, los agentes de ICE se hicieron pasar por oficiales de la policía que buscaban un sospechoso de un crimen, y amenazaron con arrestar a un familiar por obstruir una investigación criminal ficticia al negarse a permitir que entraran en su hogar. En otras dos redadas, los agentes de ICE engañosamente afirmaron ser agentes de la policía local que buscaban en el hogar a un sospechoso criminal. Le mostraron a los residentes una foto de un hombre afroamericano que alegaron era un sospechoso en una investigación criminal para así lograr entrar en la casa. Después de entrar, los agentes le informaron a los residentes que realmente eran de ICE, y detuvieron personas que estaban en los Estados Unidos legalmente para arrestarlos y deportarlos. Sus declaraciones de que buscaban a un criminal afroamericano fue una treta.
“El darle prioridad a la deportación de niños y de sus familias es un uso incorrecto y craso de recursos. Las redadas innecesarias hacen que nuestras comunidades estén menos seguras porque las familias temen acudir a los agentes del orden público y tienen menos probabilidades de notificar cuando los crímenes sí ocurren,” expresó Brad Banias, abogado adjunto en el bufete Barnwell Whaley. “Nuestros clientes quieren servir de ejemplo de lo que le sucede a madres e hijos cuando una agencia como ICE abusa de su poder. Más que nada, quieren que esto nunca le suceda de nuevo a familias pacíficas que están intentando convertirse en ciudadanos estadounidenses productivos.”
“Soñamos que este pais es uno que es seguro y con oportunidades para todos, no un lugar donde agentes del orden público sacan a madres y a niños de sus camas en la oscuridad,” declaró Carlos René Morales, uno de los demandantes en el caso. “Agradecemos que cuando se nos violan nuestros derechos, podemos acudir a los tribunales para que sean vindicados. No queremos que esto le suceda a nadie más.”
La organización SPLC le exhorta a ICE a cesar inmediatamente el uso de estas prácticas inconstitucionales y engañosas y, bajo la Ley Federal de Reclamaciones por Agravios (Federal Tort Claims Act), están solicitando compensación por daños y perjuicios para las personas que fueron sujetas a estas redadas por su detención ilegal y la imposición deliberada de agustia emocional.
Como respuesta inicial a las redadas, la SPLC publicó un informe abarcador que destaca las historias de mujeres detenidas en las redadas que comenzaron el 2 de enero de 2016. El informe concluyó que el gobierno federal había utilizado estrategias innecesariamente agresivas contra inmigrantes en redadas cuyo objetivo eran mujeres y niños provenientes de Centroamérica.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) entraron a los hogares de familias de inmigrantes sin órdenes de registro, sin el consentimiento de los residentes y sin causa probable – en violación a la Cuarta Enmienda de la Constitución estadounidense – solamente para detener y deportar familias, principalmente mujeres y niños, según una demanda radicada por la Southern Poverty Law Center y el bufete de abogados Barnwell Whaley Patterson & Helms (Barnwell Whaley).
La demanda judicial detalla cómo los agentes de ICE violaron los derechos civiles de familias en Atlanta al entrar en sus hogares de manera fraudulenta. La demanda se enfoca en las redadas de ICE que realizaron en Georgia en enero del 2016. Desde que asumió el cargo, la Administración de Trump ha incrementado los esfuerzos de ICE, y ha reportado un aumento de un 42 por ciento en arrestos (111,000 personas) entre el 20 de enero y el 30 de septiembre de este año, según datos publicados recientemente.
“Los agentes de ICE abusaron de estas familias vulnerables al utilizar el temor y las mentiras para entrar a sus hogares indebidamente – sin causa – y detener personas que estaban presentes en los Estados Unidos legalmente,” afirmó Lisa Graybill, la subdirectora legal para la SPLC. “La seguridad en el hogar y el derecho de vivir libre de registros e incautaciones ilegales están entre los los valores más fundamentales en este país, y a los agentes del orden público de todos los niveles se les requiere proteger nuestros derechos constitucionales. El método de que ‘se vale todo’ de los agentes de ICE en estas redadas arrasaron con el debido procedimiento de ley, dividieron familias, y para nada lograron mejorar la seguridad nacional.”
En uno de los casos, los agentes de ICE se hicieron pasar por oficiales de la policía que buscaban un sospechoso de un crimen, y amenazaron con arrestar a un familiar por obstruir una investigación criminal ficticia al negarse a permitir que entraran en su hogar. En otras dos redadas, los agentes de ICE engañosamente afirmaron ser agentes de la policía local que buscaban en el hogar a un sospechoso criminal. Le mostraron a los residentes una foto de un hombre afroamericano que alegaron era un sospechoso en una investigación criminal para así lograr entrar en la casa. Después de entrar, los agentes le informaron a los residentes que realmente eran de ICE, y detuvieron personas que estaban en los Estados Unidos legalmente para arrestarlos y deportarlos. Sus declaraciones de que buscaban a un criminal afroamericano fue una treta.
“El darle prioridad a la deportación de niños y de sus familias es un uso incorrecto y craso de recursos. Las redadas innecesarias hacen que nuestras comunidades estén menos seguras porque las familias temen acudir a los agentes del orden público y tienen menos probabilidades de notificar cuando los crímenes sí ocurren,” expresó Brad Banias, abogado adjunto en el bufete Barnwell Whaley. “Nuestros clientes quieren servir de ejemplo de lo que le sucede a madres e hijos cuando una agencia como ICE abusa de su poder. Más que nada, quieren que esto nunca le suceda de nuevo a familias pacíficas que están intentando convertirse en ciudadanos estadounidenses productivos.”
“Soñamos que este pais es uno que es seguro y con oportunidades para todos, no un lugar donde agentes del orden público sacan a madres y a niños de sus camas en la oscuridad,” declaró Carlos René Morales, uno de los demandantes en el caso. “Agradecemos que cuando se nos violan nuestros derechos, podemos acudir a los tribunales para que sean vindicados. No queremos que esto le suceda a nadie más.”
La organización SPLC le exhorta a ICE a cesar inmediatamente el uso de estas prácticas inconstitucionales y engañosas y, bajo la Ley Federal de Reclamaciones por Agravios (Federal Tort Claims Act), están solicitando compensación por daños y perjuicios para las personas que fueron sujetas a estas redadas por su detención ilegal y la imposición deliberada de agustia emocional.
Como respuesta inicial a las redadas, la SPLC publicó un informe abarcador que destaca las historias de mujeres detenidas en las redadas que comenzaron el 2 de enero de 2016. El informe concluyó que el gobierno federal había utilizado estrategias innecesariamente agresivas contra inmigrantes en redadas cuyo objetivo eran mujeres y niños provenientes de Centroamérica.
Al asumir su cargo, el Presidente Donald Trump le dio señales a ICE que sus agentes tenían rienda suelta para arrestar y detener agresivamente y deportar a inmigrantes indocumentados. Desde entonces, informes noticiosos sobre redadas similares a las objetadas en esta demanda han sido más frecuentes.
La SPLC presentó una solicitud bajo la Ley de Libertad de Información (Freedom of Information Act) a solo días de haber ocurrido las redadas del 2016, buscando información sobre las órdenes de registro. Luego de recibir información incompleta, la SPLC radicó una demanda, argumentando que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y ICE no habían entregado los documentos adecuados en violación a la ley FOIA. Un tribunal federal le ordenó al DHS y a ICE cumplir con la solicitud FOIA de la SPLC en o antes del 16 de febrero de 2018.
Para escuchar las historias de las mujeres y los niños detenidos en las redadas de ICE, vea el informe de la SPLC tituilado Familas Viviendo con Temor.
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