Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico, Concilio 95 AFSCME reaccionó indignado ante la aprobación en el Senado de Puerto Rico de un proyecto de ley que garantiza a los alcaldes el tener una pensión cadillac por 30 años con tan solo 8 años laborando como alcalde, a diferencia del resto de los trabajadores del sector público. La pensión sería de un 75% a un 90% del último salario del alcalde, salarios que fluctúan entre $3,000 a $11,000 mensuales dependiendo del municipio.
“En el 2000 el Gobierno trastocó y redujo dramáticamente el sistema de pensiones de los empleados del sector público incluyendo a los alcaldes; acción que no fue justa para nadie y cuyo resultado ha sido no garantizarle a los servidores públicos el que tengan la capacidad económica para costear sus necesidades básicas y cuidado médico en el momento de su retiro. Pero hoy vemos como se trabaja un proyecto de ley para privilegiar solo a un sector político, mientras que al pueblo trabajador se le exige austeridad, y se le sigue recortando y recortando hasta llevarlo a los bajos niveles de pobreza. Esto es indignante, abusivo y bochornoso. La justicia es solo una, si es justo para un alcalde recibir una pensión de un 75% a 90%, lo es también para el trabajador de base que da la milla extra por su pueblo.” sentenció Annette González, presidenta de Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico, Concilio 95 AFSCME.
La unión hizo un llamado a la Legislatura a reconsiderar su postura y que de darse paso a una legislación como está en la Cámara, la misma debe incluir la restitución del derecho de los servidores públicos a mantener su pensión, así como lo harían los alcaldes. “Basta ya de menospreciar a los servidores públicos y de tomar acciones en detrimento de sus derechos. Los servidores públicos hemos sido fuertemente atacados y afectados con las medidas de austeridad que se imponen sin medir las consecuencias para ellos y a sus familias. Asumir una postura de privilegiar a unos sectores y mantener marginados a otros no es aceptable y debemos luchar en contra de este tipo de acción. Le hacemos un llamado a los legisladores para que corrijan este grave error y les devuelvan a los servidores públicos su sistema de pensiones y la garantía de que al momento de retirarse recibirán el dinero que le corresponde como lo están haciendo con los alcaldes. Si existe la buena fe y disposición de la legislatura de atender este asunto, que no lo haga para unos pocos privilegiados; exigimos se le legisle para todos por igual y se haga justicia a los servidores públicos. ” finalizó González.
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