Es innegable que hay una crisis y que esa crisis es una amenaza para el futuro de todos los costarricenses. También es evidente que la crisis no es solo fiscal, tiene muchas otras facetas igualmente amenazantes.
Debe examinarse, en primer lugar, los privilegios fiscales para los monopolios extranjeros, la evasión y elusión de las grandes empresas de capitalistas nacionales. Otro componente de este elemento del desequilibrio son las actividades delincuenciales alcahueteadas, el contrabando, los pagos extraordinarios, sin causa evidente, a los que contratan con el Estado, los “carteles de licitación” amañados y, de manera especial, la amplia gama de actos de corrupción administrativa.
Ninguno de estos actos son realizados directamente por los trabajadores, son un privilegio de los altos funcionarios nombrados por razones políticas y por supuesto, por los inversionistas. Buen ejemplo de esta situación han sido el llamado “cementazo” , el intento de construir la conocida “trocha”, los pagos a OAS, que más fue una donación.
Ante esta esta situación resulta una infamia que se culpe a los trabajadores del Estado. Estos no deben ser confundidos con los nombramientos por razones políticas. Estos últimos son los que manejan las finanzas públicas y contratan en nombre del Estado.
La sociedad está sufriendo un proceso de destrucción de la economía nacional. Los monopolios extranjeros han destruido y sustituido a importantes ramas de la economía nacional. Las maquilas, la importación de ropa usada, la fabricación de calzado han destruido importantes ramas artesanales; los monopolios comerciales de artículos de amplio consumo han desplazado a la pulpería, una economía familiar muy extendida y positiva.
En gran medida nuestro futuro depende del desarrollo de una agricultura y una agroindustria nacional. Pero este futuro está cerrado por los monopolios agrícolas, que dañan el ambiente, afectan la salud de los trabajadores y se roban la fertilidad del suelo. Los trabajadores del agro desplazados aumentan el volumen de los tugurios y el dolor de la pobreza extrema.
Monopolios pesqueros se roban las riquezas del mar, especialmente el atún, en tanto los pescadores criollos padecen hambre y son condenados a la desocupación y a la miseria. Basta visitar las islas del Golfo y las costas para ver lo que los gobernantes ignoran o no quieren ver.
La banca privada, que es el centro de negocios que nada tienen en común con el interés nacional.
La educación padece una crisis multifacética, denunciada permanentemente por las organizaciones de los educadores.
La desocupación se agrava en la nueva generación. No basta estudiar y prepararse, la desocupación absoluta y relativa crecen por igual.
Mientras esto ocurre más de un millón de compatriotas se tienen que dedicar a las actividades informales y la mitad de los asalariados reciben salarios inferiores al mínimo fijado por ley.
En esta hora la crisis social se refleja en el preocupante crecimiento de la actividad delictiva, con la aparición de la delincuencia organizada, el sicariato y el crecimiento exponencial del tráfico y consumo de drogas prohibidas.
La solución de la crisis fiscal basada en el descenso del consumo solvente, es un intento irracional, puesto que agudizará todos los otros elementos de la crisis fiscal y económica. El resultado será la agudización del problema de la desocupación y su secuela, más pobreza.
El gobierno no será capaz de solucionar los problemas derivados de la de sus concepciones neoliberales y de su irresponsabilidad histórica.
Aparece en el fondo de la discusión del problema fiscal la necesidad de plantearse una solución más amplia, un nuevo diseño de país. Este diseño dependerá de una nueva correlación de fuerzas de las clases sociales.
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