Las familias obreras de Puerto Rico han pasado por mucho en años recientes. La crisis fiscal de la mancomunidad fue un desastre económico en escala de la bancarrota de Detroit, que dejó a muchas familias luchando por sobrevivir. El año pasado el Huracán María y la increíblemente apática respuesta de la administración Trump al sufrimiento en la isla fueron golpes adicionales a la población.
Los trabajadores del servicio público de Puerto Rico, desde maestros y maestras hasta oficiales de seguridad pública y otros miles de empleados públicos más han hecho sacrificios importantes por sus comunidades, incluyendo recortes salariales y de beneficios al tiempo que ejercían sus labores con orgullo.
Pero conforme sacrificaban por sus comunidades, su gobierno los traicionaba.
La semana pasada, AFSCME y la Federación Americana de Maestros (AFT, por sus siglas en inglés), las dos uniones que representan a maestros y otros trabajadores del servicio público en Puerto Rico, demandaron al gobierno después de su aparente mal manejo, desde julio de 2017, de más de $300 millones en contribuciones a cuentas de retiro de servidores públicos.
El Presidente de AFSCME Lee Saunders describió este mal manejo como “un ataque vergonzoso en contra de su libertad de jubilarse con dignidad”.
“Sin el consentimiento de los trabajadores, el Gobierno entregó el dinero que estos trabajadores ganaron con gran esfuerzo a un banco elegido por oficiales del Gobierno cuando ese dinero debió haber sido invertido adecuadamente para que las familias obreras de Puerto Rico pudieran ahorrar para su jubilación”, afirmó Saunders.
“Los maestros y maestras de Puerto Rico, sus oficiales de seguridad pública y otros miles de empleados públicos trabajan todos los días para que sus comunidades sean más seguras y más fuertes”, agregó. “Por todos los sacrificios que han hecho y las medidas de austeridad que fueron impuestas sobre ellos, se merecen mejor que esta traición. Se merecen la seguridad de su retiro y respeto”.
Annette González, presidenta de Servidores Públicos Unidos (SPU), AFSCME Concilio 95, dijo que los derechos de los trabajadores “están siendo pisoteados por el Gobierno, quienes han violado flagrantemente esta ley y su responsabilidad manejando dinero que no le pertenece”.
La acción fue presentada en Tribunal Federal de Bancarrota de Puerto Rico bajo el Título III y solicita un interdicto y sentencia declaratoria a favor de los empleados públicos, basándose en la propia admisión por parte del gobierno de que no se han implementado las disposiciones de la Ley 106 de 2017 de Puerto Rico.
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