La Corte Suprema indicó que el 30 de noviembre escuchará argumentos en la apelación de la administración Trump sobre sus esfuerzos para excluir a los inmigrantes indocumentados del censo que se utiliza para calcular la distribución de los distritos del Congreso.
El septiembre pasado, una corte federal de apelaciones en Manhattan rechazó el primer intento de la administración Trump de excluir a los residentes indocumentados de este recuento.
Al igual que con muchos de los juegos de poder mezquinos de Trump, este esfuerzo de exclusión no tiene precedentes, algo que hemos escuchado con demasiada frecuencia en cuanto a los comportamientos de Trump. De hecho, la Corte Suprema señaló que a lo largo de toda la historia de los Estados Unidos, el recuento de personas utilizado para determinar cuántos escaños se asignan a cada estado en la Cámara de Representantes ha “incluido a todas las personas que residen en los Estados Unidos en el momento del censo, ya sea ciudadano o no y si vive aquí con o sin estatus legal”.
La corte observó en términos bastante prácticos que la táctica de Trump no tiene base en el lenguaje de la Constitución, en la ley de letra negra, enfatizando que “el Memorando Presidencial viola el estatuto que rige la distribución porque, mientras residan en los Estados Unidos Estados, los extranjeros ilegales califican como ‘personas en’ un ‘Estado’ como el Congreso utilizó esas palabras”.
Sin embargo la ley de letra negra no es tan significativa para algunos de los magistrados actuales.
Hay que ver lo que dirán los jueces de la Corte Suprema como Clarence Thomas y Samuel Alito. Alito, acompañado por Thomas, escribió una opinión histérica al fallo histórico que otorga a las personas LGBTQ protección contra la discriminación en el lugar de trabajo por “motivos de sexo”. La perorata de Alito duró docenas de páginas, citando una miríada de diccionarios, argumentando que la palabra “sexo” designaba solo el binario masculino-femenino de base biológica y que no incluía la orientación sexual o la identidad de género.
En este caso, veremos cómo esta pandilla de jueces, incluyendo a Amy Coney Barrett, luchará con el significado básico de quién cuenta como una “persona”.
Esta definición de quién cuenta como una “persona”, por tan básica que parezca, ha sido un punto de discusión crucial en términos legales y culturales, y en las prácticas sociales y políticas, a lo largo de nuestra historia y de manera bastante intensa durante la presidencia de Trump.
Tenemos que entender la decisión de Trump de atacar a los fundamentos constitucionales, sobre los que se realiza el censo, en este contexto.
El movimiento de Black Lives Matter, por ejemplo, en términos sencillos, afirma que los afronorteamericanos son personas y entonces, en el lenguaje de la enmienda 14a de la Constitución, merece igual protección ante la ley, de manera que no puedan ser descontados o devaluados, y tratados como personas menos que plenas.
Recordemos el lenguaje de la 14ª enmienda, que incluye la cláusula: “Ningún estado privará a ninguna persona de vida, libertad o propiedad sin debido proceso legal; no negará a ninguna persona dentro de su jurisdicción la igual protección de las leyes”.
Esta enmienda proporciona un correctivo humanitario a otro lenguaje en la Constitución que niega a los afronorteamericanos la plena condición de persona, y por lo tanto, la igual protección de las leyes, además del derecho de ser contados como seres humanos y “personas” ante la ley de hecho, el lenguaje original del Artículo Uno de la Constitución, que detalla el proceso del censo, no contaba a todos los residentes como personas plenas, leyendo:
“Los Representantes y los impuestos directos se prorratearán entre los distintos Estados que formen parte de esta Unión, de acuerdo con sus respectivos números, los cuales se determinarán sumando al número total de personas libres, incluyendo las obligadas a prestar servicios durante cierto término de años y excluyendo a los indios no sujetos al pago de impuestos, las tres quintas partes de todas las personas restantes. La enumeración en sí deberá efectuarse dentro de los tres años siguientes a la primera sesión del Congreso de los Estados Unidos y en lo sucesivo cada diez años, en la forma establecida por la ley. El número de Representantes no excederá uno por cada treinta mil habitantes con tal que cada Estado cuente con un Representante cuando menos”.
(Cabe señalar aquí, también, que “personas” claramente implica el estado de ciudadanía, como dice el párrafo anterior: “No será Representante ninguna persona que no haya cumplido 25 años de edad y haya sido ciudadano de los Estados Unidos durante siete años, y que no sea habitante del Estado en el cual se le designe, al tiempo de la elección”. Por lo tanto, vemos que los redactores indican clara y específicamente “Ciudadano” cuando se pretende.)
Sin embargo, a pesar de la 14ª enmienda, a muchos todavía se les niega la plena personalidad.
La Enmienda de Igualdad de Derechos [The Equal Rights Amendment, o ERA] aún no ha sido ratificada por el Congreso. Y aquí está la declaración en la ERA que esta nación teme validar:
“La igualdad de derechos bajo la ley no será negada o restringida por los Estados Unidos o cualquier estado por razón de sexo”.
Parece indicar lo que ya hace la 14ª enmienda, a menos que se considere que las mujeres no entran dentro de la definición de “persona”.
De hecho, a las mujeres no se les ha otorgado los plenos derechos de una “persona” ante la ley. Los grupos antiaborto se han opuesto a la ERA precisamente porque al otorgar a las mujeres estos derechos, temen que se refuercen los derechos de las mujeres a controlar sus cuerpos y los procesos reproductivos.
El esfuerzo por no contar a ciertos seres humanos como personas ha sido una agenda distintiva de la administración Trump, de la cual este intento de negar el conteo de residentes indocumentados es solo una pieza.
Muchas vidas no cuentan y no importan en las políticas de Trump.
A pesar de la decisión histórica de la Corte Suprema que otorga a las personas LGBTQ protección contra la discriminación en el empleo, Trump ha hecho posible discriminar a las personas LGBTQ cuando se trata de acceso a atención médica.
Al insistir en abrir la economía sin abordar adecuadamente la pandemia de COVID-19, ha mostrado poco cuidado por los ancianos y por los trabajadores . Trump insiste en que deben regresar a lugares de trabajo inseguros. Él y muchos otros republicanos han declarado enérgicamente que salvar la economía es más importante que salvar vidas humanas.
Él no ve a los trabajadores como personas de igual valor que los demás. Esto quedó claro cuando se burló de la Representante Alexandria Ocasio-Cortez por haber sido mesera, como si servir en este cargo de alguna manera la disminuyera y la hiciera importar menos.
Durante la pandemia de COVID-19, la inacción de Trump ha demostrado que le da poco valor a la mayoría de las vidas de los estadounidenses.
Para Trump, no contamos.
Sus esfuerzos por descontar a las personas en los datos, para asegurarse de que no tengan representación en el Congreso, es solo una parte integral de su visión gobernante, en la que la mayoría de nosotros simplemente no contamos.
Al igual que los militares que denuncia, nos ve como “tontos” y “perdedores”.
Y así como no puede representar razonablemente los intereses de aquellos de nosotros a quienes no puede respetar, no quiere que nadie nos represente.
CONTRIBUTOR
Comments