El gobierno de Biden ha presentado un nuevo y amplio proyecto de ley de inmigración que contrasta con los cuatro años de ataques de Donald Trump contra los trabajadores indocumentados y sus familias. Muchos ven el nuevo proyecto de ley como un paso audaz hacia una mejor dirección, pero algunos activistas por los derechos de los inmigrantes están señalando deficiencias en el nuevo proyecto de ley, y la legislación, tal como está, existe una batalla cuesta arriba para ser aprobada en el Congreso.
El proyecto de ley de inmigración de Biden, titulado oficialmente Ley de Ciudadanía de los EE. UU. De 2021, llega inmediatamente después de las tres órdenes ejecutivas del nuevo presidente centradas en la inmigración emitidas a principios de mes. Esos decretos crearon un grupo de trabajo para reunir a las familias que la administración Trump había dividido con su política de separación fronteriza, revocó temporalmente el programa de Protocolos de Protección al Migrante de Trump y revisó la regla de carga pública del país de 1882 que permitió al gobierno negar visas a los solicitantes que son juzgados como es probable que se vuelva dependiente de los beneficios del gobierno. También se incluyó una suspensión inmediata de la financiación para la construcción del muro fronterizo de Trump.
El plan de Biden parece poner el camino hacia la ciudadanía en el centro del escenario, al mismo tiempo que intenta abordar algunos de los problemas sistémicos de la política de inmigración actual.
Un camino más corto
El camino abreviado hacia la ciudadanía es la pieza central del nuevo proyecto de ley. La legislación recortaría cinco años del proceso de solicitud actual, y los inmigrantes indocumentados podrían obtener la ciudadanía en ocho años o menos, en lugar de 13. Aquellos que califiquen tendrían que estar físicamente presentes en el país el 1 de enero de este año o antes. año.
La Ley de Acción Diferida sobre los Llegados en la Infancia (DACA), cuyos beneficiarios son conocidos como Dreamers, y el Estatus de Protección Temporal (TPS), generalmente dirigido a refugiados que enfrentan condiciones peligrosas en sus países de origen, fueron dos programas que Trump intentó eliminar continuamente. Si se aprueba, el proyecto de ley de Biden otorgaría inmediatamente estatus legal a través de una tarjeta de residente permanente, o tarjeta verde, a quienes se acojan a estos programas. Luego podrían solicitar la ciudadanía tres años después. Esta excepción también se aplica a los trabajadores agrícolas indocumentados.
Cerca de un millón de inmigrantes indocumentados y sus hijos están cubiertos por DACA y TPS, con un estimado de 2.4 millones de trabajadores agrícolas fuera de estas categorías pero incluidos en el plan Biden.
Algunos defensores de los inmigrantes argumentan, sin embargo, que esta distinción causa una desigualdad innecesaria entre las personas indocumentadas que no entran en ninguna de estas tres categorías. Aquellos que no lo hicieran tendrían que obtener un permiso de trabajo y salir del país con la garantía de que se les permitiría volver a entrar a los Estados Unidos más tarde. Luego, después de cinco años, podrían solicitar una tarjeta verde si pagan impuestos y pasan verificaciones de antecedentes. Tres años después de eso, ellos también podrían solicitar la ciudadanía.
Como Gabriel Manrique, un organizador comunitario, dijo a los periodistas en enero en una protesta de caravana de automóviles en San José, California, “Tenemos muchas personas que han estado esperando 10, 20, 30 años por una tarjeta verde. La mayoría de los inmigrantes indocumentados no pueden postularse para los programas “.
Manrique se hace eco de lo que están señalando muchos activistas por los derechos de los inmigrantes: que bajo el nuevo proyecto de ley de Biden, solo una fracción de los 11 millones de indocumentados vería un impacto inmediato en su situación.
Aún así, con menos obstáculos en el camino para obtener un estatus legal, muchos trabajadores indocumentados podrían quitarse de encima el gran miedo a la deportación de sus hombros antes. Esto también se aplica al miedo a ser separados de sus seres queridos.
Cambio de terminología
Bajo la administración Trump, personas de todo el país estuvieron expuestas a imágenes de niños pequeños traumatizados en jaulas, separados de sus padres y tutores. La administración de Biden afirma que su nuevo proyecto de ley reformará el “sistema de inmigración basado en la familia al eliminar los atrasos, recuperar las visas no utilizadas, eliminar los largos tiempos de espera y aumentar los límites de visas por país”.
En su primer día en el cargo, el 20 de enero de 2021, el presidente Joe Biden firmó varias órdenes ejecutivas, incluidas tres relacionadas con la inmigración. Ahora, propone una reforma significativa, que enfrenta una batalla cuesta arriba en el Congreso y aún tiene una serie de deficiencias señaladas por grupos de derechos de los inmigrantes. | Evan Vucci / AP
El proyecto de ley también tiene como objetivo ampliar lo que se considera familia a los ojos de la ley. Se reconocerían las alianzas permanentes que no son matrimonios, y habría un compromiso de eliminar la discriminación que enfrentan las familias LGBTQ.
Este contraataque a estas formas de discriminación parece ir de la mano del cambio de terminología que propone el proyecto de ley de Biden. La legislación eliminaría la palabra “extranjero” de las leyes de inmigración de los Estados Unidos, reemplazándola con el término “no ciudadano”.
Durante décadas, y especialmente durante los últimos cuatro años, términos como “extranjero ilegal” se han utilizado para crear una narrativa en torno a las personas indocumentadas como el “otro”, evocando imágenes de invasores externos. En las elecciones presidenciales de 2016, el entonces candidato Trump hizo de la llamada “crisis” de las personas indocumentadas que ingresan a Estados Unidos una piedra angular de su estrategia de campaña. Con lemas como “Construye el muro” y una narrativa de que los inmigrantes indocumentados robaban trabajos, cometían delitos y reducían los salarios de los ciudadanos estadounidenses, Trump entró en la Casa Blanca alimentando el odio y el desdén antiinmigrantes.
Parece que Biden está intentando revertir esa narrativa. Aunque se puede argumentar que incluso el término no ciudadano se queda corto, ya que los ciudadanos deben acatar la ley y pagar impuestos, todas las cosas que hacen los trabajadores indocumentados también.
Otra forma de combatir la narrativa incriminatoria en torno a los trabajadores indocumentados sería abordar la cuestión del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el departamento encargado de arrestar, detener y deportar inmigrantes. El proyecto de ley de Biden intenta hacer esto, pero con resultados decididamente mixtos.
Eliminar la abolición de ICE y mantener los centros de detención de gestión privada
La creación de ICE, junto con las empresas que vieron la oportunidad de obtener ganancias de los inmigrantes indocumentados que ICE detuvo, creó una mezcla venenosa para las violaciones de derechos humanos en todo el país.
Incluso en medio de la actual pandemia mundial, miles de indocumentados se encuentran recluidos en centros de detención en pésimas condiciones de vida con escasos recursos legales. Según la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, la población diaria promedio detenida ha aumentado de 7.475 en 1995 a 32.985. A partir de 2016, el 73% de las camas de detención de inmigrantes estaban a cargo de corporaciones penitenciarias privadas. Estas empresas han ganado miles de millones de dólares, floreciendo como nunca antes bajo la administración Trump, a través de contratos con el gobierno de Estados Unidos. Pagados con dólares de los contribuyentes, los arreglos garantizan cuotas garantizadas para un número mínimo de camas para detenidos que se llenan cada noche.
La Ley de Ciudadanía de EE. UU. De Biden aborda algunas de estas preocupaciones, pero aún tiene algunas omisiones evidentes.
El proyecto de ley pone énfasis en el acceso a asesoría legal para inmigrantes indocumentados junto con la financiación propuesta para más jueces de inmigración. La legislación también eliminaría el límite de un año para presentar un caso de asilo. Además de esto, Biden ya ha tomado medidas hacia una aplicación de la ley de inmigración más “enfocada” en los EE. UU. Bajo el ámbito del Departamento de Seguridad Nacional, ICE estaría dirigido a enfocarse en las personas que representan una amenaza para la “seguridad nacional, seguridad fronteriza y seguridad pública “.
Se podría argumentar que un enfoque más específico por parte de ICE podría conducir a menos arrestos, lo que llevaría a menos inmigrantes indocumentados detenidos. Pero los defensores de los derechos de los inmigrantes como la ACLU están de acuerdo.
En una declaración en nombre de la organización, la portavoz Naureen Shah calificó las medidas como un “decepcionante paso atrás de los compromisos anteriores de la administración Biden de romper por completo con las dañinas políticas de deportación de las presidencias de Trump y Obama”. Shah dijo que el presidente “ha optado por seguir dandoles a los oficiales de ICE una discreción significativa para realizar operaciones que dañan a nuestras comunidades y separen a las familias “.
Y aunque Biden ordenó al Departamento de Justicia que ponga fin a su dependencia de las cárceles privadas, en el proyecto de ley de inmigración falta la prohibición de las cárceles para inmigrantes de gestión privada. La Casa Blanca incluso ha sido criticada recientemente por reabrir dos centros de detención de inmigrantes con fines de lucro previamente cerrados. Y aunque muchos activistas han pedido que se elimine el financiamiento de ICE y DHS, parece que el proyecto de ley de Biden tiene como objetivo invertir más fondos en la organización con respecto a la tecnología y la capacitación de oficiales.
Está claro que la lucha aún continúa por los indocumentados que se encuentran enredados en el sistema legal. Esta lucha también se extiende a quienes están fuera de los centros de detención y tratan de ganarse la vida en un país que a menudo paga mal a todos sus trabajadores.
Derechos de trabajadores no documentados
Trabajadores de la industria alimentaria se reúnen en el National Mall para destacar las contribuciones que los inmigrantes han hecho durante la pandemia y piden al Congreso que entregue COVID-19 y alivio de ciudadanía para 11 millones de inmigrantes indocumentados el miércoles 17 de febrero de 2021. | Tom Williams / CQ Roll Call vía AP
Hay algunas medidas prometedoras en lo que respecta a la protección de los trabajadores indocumentados en el proyecto de ley de Biden. Por ejemplo, incluye una directiva para que el DHS trabaje con organizaciones laborales, de empleadores y de derechos civiles a fin de mejorar el proceso de verificación de empleo. Si esta legislación se aprueba, también protegerá de la deportación a los trabajadores que son víctimas de represalias en el lugar de trabajo.
Si bien estas medidas parecen prometedoras, no abordan los millones de trabajadores indocumentados en el país que no son elegibles para recibir ayuda financiera de una pandemia global que ha dejado a millones de personas desempleadas y en incertidumbre financiera. Esto incluye a los inmigrantes indocumentados a quienes se les quitan impuestos de sus cheques por un monto de casi $ 120 mil millones al año, pero no se les permite recibir pagos de estímulo u otros medios de asistencia del gobierno. Si a esto le sumamos los ya bajos salarios por los que muchos trabajadores indocumentados se ven obligados a trabajar, queda claro que la Ley de Ciudadanía de los Estados Unidos es solo un pequeño paso en una enredada red de políticas de inmigración.
La lucha continua
La Red Nacional de Organización de Jornaleros, que se centra en las condiciones que enfrentan los migrantes, los jornaleros y los trabajadores con salarios bajos, dice que hay más que Biden podría hacer de inmediato, incluso cuando el proyecto de ley se abre paso en el Congreso. La respuesta inicial del grupo ha sido de decirle a los activistas de derechos a los inmigrantes que “mantengan todos los aplausos hasta el final“.
El abogado general de NDLON, Chris Newman, dijo, “debido a que el país enfrenta emergencias superpuestas sin precedentes, la administración Biden no puede esperar a que un Congreso quebrado se reforma”, refiriéndose al debate sobre el obstruccionismo del Senado. Dijo que Biden podría emitir una orden ejecutiva que prohíba la deportación de cualquier persona que califique para la ciudadanía en virtud de su proyecto de ley una vez que se apruebe.
NDLON también quiere que cualquier persona que se beneficie potencialmente de los cambios de autorización de trabajo en el proyecto de ley también se incluya en los paquetes de ayuda COVID-19; actualmente los indocumentados quedan totalmente fuera de ellos. Dice que Biden puede detener los programas de arrastre de ICE incluso antes de que la organización sea reformada, el TPS puede restablecerse a las cuotas máximas revertidas por Trump, y se pueden iniciar programas de denuncia de irregularidades que alienten a los trabajadores a denunciar el abuso del empleador sin temor a represalias basadas en el estado migratorio.
Al menos, el discurso en torno al proyecto de ley de inmigración de Biden le está recordando a la nación que la reforma migratoria es una necesidad para el progreso de todos los que viven en los Estados Unidos. A medida que el país emerge de la era Trump, no solo se queda con los vestigios de sus fechorías, sino también con el legado de décadas de una política de inmigración deficiente que ha privado de sus derechos y dividido a tantos. No se trata de un punto sin rostro por el que los que están en Capitol Hill se peleen por puntos políticos, sino un tema de derechos humanos que afecta a todas nuestras comunidades.
Biden immigration bill has shortcomings, but shows promise on several fronts
Traducido por Dinadrea Vega
Chauncey K. Robinson cree que la escritura y los medios, en cualquier capacidad, deben ayudar a reflejar el mundo que nos rodea y ser herramientas para ayudar a lograr un cambio progresivo. Nacida y criada en Newark, Nueva Jersey, ella cree firmemente en el poder y la fuerza de las masas. Chauncey es la editora de redes sociales de People’s World, además de ser periodista de la publicación galardonada. Ella es una jugetona en lo técnico, autoproclamada y una amante de la cultura pop. Chauncey busca asegurarse de que los temas que afectan a los trabajadores, las personas de color y a las mujeres estén constantemente en el centro de atención y sean parte de la discusión a largo.
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