El 5 de noviembre también fue el día de las elecciones en Puerto Rico, y la importancia especial de la votación se hizo evidente de antemano. Un comentarista detectó en las encuestas de opinión que “esta elección ya es histórica. Ya marca un antes y un después”.
Por primera vez en la historia, un candidato a gobernador del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) desafiaba con éxito a los candidatos del Partido Nuevo Progresista (PNP), partidario de la estadidad, y del Partido Popular Democrático (PPD), partidario del ELA. Los dos partidos han gobernado Puerto Rico durante décadas.
Al 6 de noviembre, cuando se habían reportado 91 precintos, la candidata del PNP, Jenniffer González, lideraba con el 39% de los votos. Juan Dalmau, candidato del PIP a la gobernación, había obtenido el 33%, y el candidato del PPD, Jesús Manuel Ortiz, solo el 21%. El candidato conservador Javier Jiménez, de Proyecto Dignidad, obtuvo el 7% de los votos.
Los resultados preliminares de las votaciones para comisionado residente muestran que el candidato del PPD obtuvo el 44,4% de los votos, seguido del 35,7% del candidato del PNP y el 9,5% de Ana Irma Rivera Lassén del MVC. El comisionado residente es el único miembro de Puerto Rico en el Congreso de los Estados Unidos, pero no tiene autoridad para votar sobre legislación.
Los resultados de las votaciones anteriores para gobernador muestran una tendencia. Los candidatos de los partidos PNP y PPD juntos compartieron el 95% de los votos en 2012, el 81% en 2016 y el 65% en 2020. “Estos partidos políticos básicamente se han derrumbado en los últimos diez años”, dice Rafael Bernabé, candidato a gobernador por el Partido del Pueblo Trabajador en 2012 y 2016.
El PIP, por el contrario, ha ampliado gradualmente su atractivo. Sus candidatos a gobernador pasaron de un 2,5% de los votos en 2012 a un 2,1% en 2016, y hasta un 13,5% en 2020. Ese partido es heredero de un legado de grave represión policial y del FBI en Estados Unidos dirigida tanto al PIP como al ex Partido Nacionalista.
La mejora en los resultados electorales del PIP se debe principalmente a una solución creativa a la prohibición del gobierno estadounidense de utilizar coaliciones en las elecciones puertorriqueñas. A finales de 2023, el PIP y el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) se habían unido a una alianza llamada Alianza de País.
Los dos partidos crearon un acuerdo por el cual cada socio presentaría su propio candidato para todos los cargos en disputa, incluidos los de gobernador y comisionado residente. La estipulación era que solo uno de los dos candidatos para cada cargo realmente buscara votos. El otro no lo hace y no tiene intención de ejercer el cargo.
Por ejemplo, el candidato del PIP a la gobernación, Juan Dalmau, recibió votos de simpatizantes del MCV que no votaron por el candidato del MCV. De la misma manera, Ana Irma Rivera Lassén, candidata del MCV a comisionada residente (y coordinadora general del MVC), obtuvo votos del PIP para su candidatura y ninguno de su propio partido.
El MVC, formado en 2019 y al que se unieron el Partido del Pueblo Trabajador y el Movimiento Nacional de Independencia Hostosiano, reclama en su programa partidario una “Agenda Urgente… [que aborde] el rescate de las instituciones públicas; la reconstrucción social, ambiental y económica, y la descolonización de Puerto Rico”.
El MVC, cuyo candidato a gobernador en 2020 obtuvo el 14% de los votos, propone reformas que aborden una amplia gama de problemas sociales y el alivio de la opresión basada en la clase y la identidad. Su programa enfatiza la importancia de la competencia, la eficiencia y la libertad de la interferencia de los EE. UU. para lograr estos logros.
El PIP, fundado en 1946, ha impulsado durante mucho tiempo la lucha de Puerto Rico por la soberanía nacional, al mismo tiempo que impulsa reformas sociales. Los dos partidos están unidos en la lucha contra la corrupción que, según dicen, permea tanto al PNP como al PDR.
El PIP y el MVC están buscando una “asamblea constituyente sobre el status”. Como lo describe Rafael Bernabé, los delegados a esa asamblea estudiarían, debatirían y decidirían sobre las relaciones futuras con los Estados Unidos. Las opciones serían la independencia, la estadidad o el estado libre asociado. El gobierno estadounidense caracteriza a esta última como “libre asociación”. Representa el status quo. Bernabé insiste en que “el proceso de autodeterminación… debe comenzar con nosotros”.
Cualquier cambio político que se esté gestando ahora en Puerto Rico responde a un proceso gradual que condujo al desastre. El curso cuesta abajo comenzó cuando el gobierno estadounidense, en la década de 1990, retiró los incentivos fiscales destinados a estimular la nueva industria. Las empresas y las fábricas desaparecieron; los ingresos por impuestos disminuyeron y, por lo tanto, gran parte de la programación social del gobierno. El endeudamiento público se disparó para reemplazar los ingresos perdidos. La deuda acumulada se volvió impagable.
En 2016, el gobierno federal de Estados Unidos creó su Junta de Supervisión y Gestión Financiera para aplicar medidas de austeridad y privatización a la economía de la isla. El gasto público en necesidades humanas se vio limitado. El dolor se multiplicó, y más aún con los estragos del huracán María en 2017. El sistema de generación eléctrica recién privatizado nunca se ha recuperado por completo.
Un reciente informe del New York Times describe una isla en “ruinas”, específicamente con “[escuelas] cerradas, caminos desmoronados, una universidad destrozada por recortes presupuestarios, un sistema de salud colapsado y apagones implacables”.
Este informe concluye con un comentario del analista Jenaro Abraham, tomado de NACLA.org:
“A medida que los intereses desnudos del imperialismo estadounidense se han vuelto más evidentes, se forjaron las condiciones para la unidad política… [La Alianza] es el producto de las experiencias que los movimientos anticoloniales han soportado durante mucho tiempo bajo el peso del imperialismo estadounidense… [Han] obligado al PIP y al MVC a participar en una estrategia compartida que deja… las diferencias de lado al servicio de un objetivo compartido más inmediato: erradicar el dominio bipartidista procolonial sobre el gobierno de Puerto Rico”.
W.T. Whitney Jr. es un periodista político que se centra en América Latina, la atención sanitaria y el antirracismo. Activista en solidaridad con Cuba, trabajó como pediatra y vive en la zona rural de Maine.
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