Honduras, el próximo país en la lista de posibles golpes de Estado impuestos por Estados Unidos

Después de perder por un estrecho margen las elecciones de 2013 y 2017, Xiomara Castro y su Partido Libertad y Refundación (Libre), de tendencia socialdemócrata, ganaron las siguientes elecciones y, a partir de enero de 2022, ella era la nueva presidenta de Honduras. El derrotado Partido Nacional había presidido un empeoramiento de la corrupción, el fraude electoral, la pobreza y la represión violenta durante 12 años (el presidente Juan Orlando Hernández (JOH), durante ocho de ellos).

El gobierno de Estados Unidos participó en el golpe militar que en junio de 2009 derrocó al presidente José Manuel Zelaya, esposo del presidente Castro y “coordinador” del Partido Libre desde hace mucho tiempo. Ahora Estados Unidos está promoviendo otro golpe.

Entrevistada por el medio de comunicación HCH TV el 28 de agosto, la embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu, declaró: “Estamos muy preocupados por lo que ha sucedido en Venezuela. “Fue muy sorprendente para mí ver al Ministro de Defensa (José Manuel Zelaya) y al jefe del Estado Mayor Conjunto (General Roosevelt Hernández) sentados al lado de un narcotraficante en Venezuela”.

El compañero de asiento era el Ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López. La ocasión fueron los Juegos Mundiales de Cadetes del Consejo Internacional de Deportes Militares que se llevan a cabo en Caracas desde el 16 de agosto. El gobierno de Estados Unidos había acusado a Padrino López de “conspirar con otros para distribuir cocaína” y el 26 de marzo de 2020 anunció recompensas por su captura y la de otros 14 funcionarios venezolanos que enfrentan cargos relacionados con las drogas.

En respuesta, Castro declaró inmediatamente que “la interferencia y el intervencionismo de los Estados Unidos… es intolerable”. Denunciando “la violación del derecho internacional por parte de Estados Unidos”, canceló el tratado de extradición de Honduras con Estados Unidos, de 114 años de antigüedad.

Honduras ha extraditado a unas 40 personas a los Estados Unidos durante 10 años para ser procesadas por causas relacionadas con las drogas. JOH, el más conocido de ellos, fue condenado recientemente a 45 años de prisión.

Pendiente resbaladiza

El 29 de agosto, el presidente Castro dijo a los periodistas: “No permitiré que la extradición sea utilizada como instrumento de chantaje a las fuerzas armadas. Ayer atacaron al jefe de las fuerzas armadas y al ministro de defensa de nuestro país… [tal] ataque debilita a las Fuerzas Armadas como institución y hace muy precario el próximo proceso electoral [en 2025]”.

En una entrevista televisiva, el canciller Eduardo Enrique Reina indicó que los comentarios de Dogu podrían desencadenar un “golpe de cuartel” destinado a derrocar al general Roosevelt Hernández. Los cismas existen. Hace un año, por ejemplo, el jefe del Estado Mayor General José Jorge Fortín Aguilar advirtió a cuatro jefes militares retirados que desistieran de sus actividades antigubernamentales.

Reina afirmó que el tratado de extradición, utilizado durante mucho tiempo como una “herramienta política para influir en los asuntos internos del país”, podría ser utilizado “para llevar a juicio en Estados Unidos a Roosevelt Hernández o al secretario de Defensa Nacional, José Manuel Zelaya Rosales, para desbaratar los planes electorales del Partido Libre”.

Las elecciones primarias se celebrarán en abril de 2025 y las elecciones presidenciales y del Congreso el 30 de noviembre de 2025. El Partido Libre es vulnerable.

El fiscal general está investigando al secretario del Parlamento y diputado del Partido Libre, Carlos Zelaya, tras su reciente reconocimiento de que dos narcotraficantes le ofrecieron dinero en 2013 para la campaña electoral del Partido Libre de ese año.

Implicado en otros delitos relacionados con las drogas, Carlos es hermano del expresidente José Manuel Zelaya y cuñado del presidente Castro. El 31 de agosto, Carlos Zelaya y el ministro de Defensa, José Manuel Zelaya, renunciaron cada uno. Este último es hijo de Carlos; él y el expresidente comparten el mismo nombre.

El presidente Castro reemplazó al ministro de defensa, que renunció, por la abogada Rixi Moncada, quien se postulará a la presidencia en las elecciones de 2025. Como tal, “continuará reestructurando el aparato económico y financiero de Honduras para que se ajuste a la revolución del pueblo”, según un admirador.

La situación de Castro y el Partido Libre se deterioró aún más después del 3 de septiembre, cuando se dio amplia publicidad a un video que muestra a Carlos Zelaya conferenciando en 2013 con los narcotraficantes. El video, obtenido por InSight Crime y supuestamente filtrado por el gobierno de los EE. UU., está disponible aquí. Muestra a los narcotraficantes “ofreciendo dar más de medio millón de dólares” al Partido Libre. Mencionan “contribuciones anteriores” al expresidente José Manuel Zelaya.

El 6 de septiembre, el presidente Castro condenó la reunión de Carlos Zelaya con los narcotraficantes donde “discutieron sobornos” como un “error deplorable”. Ese día, los políticos de la oposición exigieron su renuncia. Lideraban una marcha de “más de mil hondureños” por Tegucigalpa.

Repercusiones e implicaciones

La pérdida de poder político del Partido Libre pondría en peligro la ya precaria vida de la mayoría de los hondureños. Los datos del gobierno muestran una tasa de pobreza del 73,6% en 2021 que se redujo al 64,1% en 2023.

Según UNICEF, “las carencias más altas se dan en nutrición, seguidas de las carencias en saneamiento, educación, agua y hacinamiento, respectivamente”. UNICEF informa que “la tasa de homicidios fue de 38,1 por cada 100.000 habitantes en 2022, la más alta de Centroamérica y la segunda más alta de América Latina”.

El escritor, abogado, comentarista político y partidario del Partido Libre hondureño Milson Salgado describe los programas introducidos por el gobierno de Xiomara Castro que promueven el desarrollo nacional y el rescate social.

Cita estos: empresas públicas recuperadas de la privatización; “alta inversión social… en la construcción de hospitales, reparación de centros educativos, construcción y reconstrucción de centros de recreación”; ampliación de la red eléctrica; y nuevas carreteras.

El gobierno de Castro ha financiado el desarrollo rural, ha proporcionado “becas educativas en todos los niveles escolares”, “ha apoyado al sector agrícola con préstamos a las tasas de interés más bajas de la historia”, ha proporcionado ayuda financiera a los pequeños agricultores, ha “recuperado 65.000 hectáreas de bosque” y ha brindado apoyo a los ancianos y discapacitados.

El golpe de Estado que se está llevando a cabo en Honduras con la ayuda de Estados Unidos es notable en dos sentidos. En primer lugar, ilustra la dependencia de Estados Unidos de las guerras contra las drogas como justificación de intervenciones militares y de otro tipo en determinados países latinoamericanos. Salgado señala que Estados Unidos “no tiene ningún interés en la lucha contra el narcotráfico, salvo para utilizarlo selectivamente como arma para chantajear a gobiernos, países y personas”.

En lo que respecta a Colombia, el gobierno de Estados Unidos invocó el pretexto del narcotráfico como cobertura para su papel directo en la lucha contra los insurgentes izquierdistas.

En Perú, el floreciente tráfico de drogas impulsó recientemente a Estados Unidos a enviar tropas, muy probablemente por la necesidad de disponer de recursos naturales. La preocupación exagerada por el narcotráfico en Venezuela ha justificado diversos tipos de intervención estadounidense dirigida a cambiar el régimen.

En segundo lugar, los estrategas estadounidenses alteraron el mecanismo denominado lawfare, del que se valen hoy los golpistas latinoamericanos para derrocar a los gobiernos que no les gustan. Eso ocurrió en Paraguay, Brasil, Perú y Ecuador mediante una perversa manipulación de las normas jurídicas.

Estados Unidos se lleva el mérito de la innovación. Los tratados de extradición son instrumentos jurídicos que, según el derecho internacional, permiten a un país garantizar que sus criminales que se encuentran en otro país puedan ser devueltos para ser procesados. Es un proceso jurídico habitual que Estados Unidos ha adaptado para Honduras con el fin de lograr un cambio de régimen allí.

En todo caso, los partidarios del gobierno planean una “gran movilización nacional” en Tegucigalpa el 15 de septiembre “en apoyo al líder de Honduras, en defensa de la independencia de la patria y la construcción del socialismo democrático y en condena a las actividades intervencionistas”.