En el jardín infantil Little Blossoms Child Care en Chula Vista, California, los niños y sus cuidadoras hablan sobre gérmenes todos los días.
Esto siempre ha sido una prioridad para la dueña y gerente Miren Algorri, pero desde que empezó la pandemia del coronavirus ha abordado el tema con un mayor enfoque.
Como proveedora de cuidado infantil, ella es con frecuencia la primera persona en educar a los niños sobre cómo evitar el contagio, incluyendo la forma adecuada de lavarse las manos, taparse un estornudo con el hombro o codo y lavarse las manos después de tocarse la nariz.
“Ahora cuando los niños estornudan tapándose con el codo, les pedimos que se quiten la prenda y la pongan en una bolsa de plástico”, explica Algorri. “Somos un poco más conscientes y precavidos”.
La pandemia del coronavirus ha enfermado a casi 200,000 personas en todo el mundo, incluyendo un número que crece rápidamente en los Estados Unidos. Aunque los casos más serios de COVID-19, la enfermedad causada por el virus, se dan entre la gente mayor, los niños pueden ser portadores. Por lo tanto, las proveedoras de cuidado infantil ejercen un papel clave si poco visto en mantener seguras a nuestras comunidades.
“Una maestra potencialmente está salvando vidas al enseñar la manera adecuada de lavarse las manos lo cual la mayoría de los adultos dan por sentado”, dice Algorri, quien es miembro de Child Care Providers United (United Domestic Workers/Local 3930 de AFSCME).
Sin embargo, en este tiempo de crisis el gobierno federal no está ofreciendo el apoyo necesario a dichos trabajadores. La propuesta de ley Families First Coronavirus Response Act aumentaría la contribución del gobierno federal al programa de Medicaid de cada estado, obligaría a las compañías de seguros médicos a cubrir las pruebas de COVID-19 sin costo alguno, autorizaría $1 mil millones en seguro de desempleo, expandiría el Programa Asistencial de Nutrición Suplementaria (conocido por sus siglas en inglés, SNAP) y les proporcionaría licencia pagada a algunos trabajadores.
Desde el punto de vista de Algorri, todo esto está bien excepto por una cosa: las proveedoras de cuidado infantil no están incluidas.
“La propuesta debería ir más allá”, dice. “Debería cubrir a personas como nosotras, personas que no tienen suficiente representación como nosotras, personas que trabajan demasiado como nosotras…. Yo tengo mi licencia de cuidado infantil desde hace 23 años y no he acumulado ni un minuto de licencia pagada por enfermedad. Si tenemos que cerrar, estamos enfrentando cero ingresos. Ese futuro me parece muy inquietante, muy preocupante”.
Los miembros de AFSCME están presionando al gobierno federal para que envíe más ayuda a los gobiernos estatales y locales para que tengan los recursos necesarios que les permitan seguir proveyendo servicios públicos de calidad a sus comunidades.
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