Rey Anzaldúa nunca cruzó la frontera. La frontera lo cruzó a él. Su familia lleva viviendo en lo que hoy es el sur de Texas desde 1750, décadas antes de que se fundaran los Estados Unidos de América.
Desde entonces, la pérdida de tierra ha sido incesante. Y ahora, debido a la obstinación de Donald Trump de construir su muro medieval, la sangría se ha intensificado.
“El gobierno federal siempre nos ha tratado como a conquistados, incluso ahora”, dice Anzaldúa. “En años recientes, la tierra que nos queda, nos la han tratado de quitar también”.
Prácticamente todas las propiedades que él y su familia todavía poseen se encuentran en el filo de la frontera, y al igual que el resto de los dueños fronterizos, están a merced de una administración obsesionada con construir el muro. Según el Rep. Will Hurd, un republicano que representa al mayor distrito fronterizo, más de 1000 propietarios tejanos están en peligro de que el gobierno federal confisque sus tierras.
“Ya les hemos negado el acceso”, dice Anzaldúa. “Se querellaron contra nosotros en corte federal, el juez nos ordenó que les dejáramos entrar y ya han completado los estudios topográficos sin nuestro permiso”.
Trump ya les advirtió que “si no logramos un trato, les confiscaremos la tierra”. Este “robo”, como lo llama Anzaldúa, se basa en las leyes de dominio soberano, por las cuales el gobierno fuerza la venta de terrenos privados para la construcción de obras públicas. En la frontera, sin embargo, el dinero que los propietarios reciben del gobierno es irrisorio.
“Nos querellamos tras ofrecernos $100 por acre, lo cual no es nada”, se lamenta Anzaldúa. “Pero todo esto probablemente será inútil. Debido a todas las leyes que el gobierno ha anulado en la frontera, tenemos pocas opciones de recurrir legalmente”.
Gracias a la ley REAL ID aprobada por el Congreso en 2005, la administración ha anulado decenas de leyes para la construcción del muro, incluyendo la Ley de Política Ambiental Nacional, la Ley de Especies en Peligro, la Ley de Agua Limpia, la Ley de Aire limpio, hasta un total de 48 estatutos.
“En mi opinión, están violando la Quinta Enmienda de la Constitución porque no nos otorgan debido proceso. Aquí no nos tratan igual. ¿Es porque somos hispanos?”, se pregunta este veterano que sirvió con honor a su país en Vietnam.
Este ambiente de injusticia se acentúa con la creciente militarización de la frontera. Un grupo de veteranos de guerra del Military Outdoors del Sierra Club, visitó recientemente la región para presenciar por sí mismos los efectos de la política inmigratoria de Trump y su ilegal emergencia nacional.
“Yo sé lo fácil que es exagerar este tema tan cargado emocionalmente”, dice Rob Vessels, representante de rango de Military Outdoors y veterano de las guerras de Irak y Afganistán. “Pero la frontera está definitivamente militarizada. La Patrulla Fronteriza tiene mejor armamento y equipo personal que yo tenía en Afganistán, lo cual es exasperante”.
Vessels, quien ha encontrado en su contacto con la naturaleza una terapia en su transición del campo de batalla a la vida civil, muestra su indignación por el robo de tierras que está ocurriendo en la frontera.
“No se puede separar la justicia ambiental de la justicia social y racial”, dice. “Están construyendo el muro y robando tierra de comunidades minoritarias e indígenas y separándoles de sus amigos y familias”.
Anzaldúa está consciente de la terrible desigualdad en esta lucha. Pero tiene una advertencia.
“Las probabilidades de ganar son muy escasas”, dice. “Seguimos luchando porque somos tercos. Y les decimos al gobierno, aún si perdemos, ¡vamos a pelear!”
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